El pleno de la Asamblea nacional en su sesión 868, se aprobó la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político contra el presidente de la República Guillermo Lasso. Con la asistencia de 116 asambleístas de 117 que conforman la asamblea nacional, votaron a favor de que se procederá de forma inmediata el juicio político con un total de 88 votos, 23 en contra y 5 abstenciones. Los votos a favor provinieron de las bancadas del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC), parte de Pachakutik (PK) y de una facción de la Izquierda Democrática (ID).
Entre los ausentes están los asambleístas: Guadalupe Llori, Rosa Cerda, Consuelo Vega, Ricardo Vanegas, entre otros del movimiento plurinacional Pachakutik; Gruber Zambrano como aliado al gobierno y Y Fernando Villavicencio que en poca horas y después de su intervención abandonó el pleno. Entre los asambleístas que votaron por él no están: Rina Campain, Natali Arias, Guido Chiriboga, Oscar Arcentales, Juan Fernando Flores, Ana Belén Cordero, Marcos Troya y Vanessa Freire, entre otros, quienes se mostraron a favor del presidente. Para aprobar la resolución se requería de una mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los presentes: 59 legisladores, en este caso. Tras esta decisión, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocará a Lasso a que acuda al Pleno para defenderse. El proceso cerrará con una moción de censura y destitución, que dependerá de 92 votos.
La moción fue presentada por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), con el propósito de “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso por la infracción constitucional de peculado” en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). En la moción se detalla que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos «pools» de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo”.
Se trata de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers para la renta de buques petroleros, que fue suscrito en el 2018 durante el Gobierno de Lenín Moreno. La oposición presume responsabilidades políticas de Lasso por no haber terminado con ese acuerdo comercial, a pesar de denuncias de irregularidades. En la moción se sostiene que el Jefe de Estado junto al exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) Hernán Luque Lecaro «definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”. El exfuncionario permanece prófugo de la justicia.
