La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, informó este miércoles de que el expresidente Lenin Moreno, su esposa, una hija, sus dos hermanos, cuñadas y otras 30 personas estarían involucradas en una estructura de corrupción transnacional. Salazar pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho, por supuestos sobornos recibidos a cambio de beneficiar la construcción de una hidroeléctrica.
Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018 cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente de la república en el gobierno de Rafael Correa, según dijo Salazar en un video que publicó por canales oficiales. El caso se ha denominado judicialmente como Sinohydro, que es el nombre de la empresa china encargada de la construcción de la represa Coca Codo Sinclair, una de las últimas obras millonarias que inauguró Correa en 2016 y que por una serie de fallos técnicos no ha funcionado al 100%. por otro lado, el ex presidente Moreno aseguró que no tiene ninguna responsabilidad en la contratación de la obra«más emblemática» de la Revolución Ciudadana.
«El proyecto Coca Codo Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces mientras yo ejercía mis funciones de vicepresidente», dice el texto de Moreno, que cuestiona que no se haya procesado a quienes «sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual». El expresidente, que llegó al cargo de la mano de la Revolución Ciudadana, mencionó que respetará la institucionalidad del Estado. «Me defenderé con absoluto apego a la verdad».
Además de Moreno, en la lista están el exembajador chino Cai Runguo y los representantes de la empresa china Sinohydro, entre otros. El monto del presunto delito de cohecho sería de 76 millones de dólares, que corresponde al 4% del valor inicial contratado por la obra que fue de 1.979 millones de dólares, aunque al final el país pagó 2.245 millones por la represa.
“Esas decenas de millones de dólares en coimas habían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios y consultorías”, dijo Salazar, quien aseguró que gracias a la asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España “coadyuvaron a demostrar fehacientemente la configuración del delito con alcances fuera del país”, añadió.
