Las nuevas alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, obtendrán los mayores presupuestos estatales en el 2023. Hay 154 alcaldías que dependen en 100% de los recursos del Estado. Los nuevos alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales, que asumirán el poder en mayo 2023, contarán un incremento en la asignación de recursos del Estado en los últimos 12 años. Los gobiernos seccionales tendrán ingresos estatales de USD 3.328 millones en 2023. Es decir un incremento del 5,5% más que a las administraciones actuales.
El Estado asigna recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con base en criterios como el tamaño y la densidad poblacional. Otros factores que tiene en cuenta el Estado son el nivel de necesidades básicas insatisfechas y la capacidad de cada gobierno seccional para recaudar recursos propios. Más dinero para alcaldías Por el aumento de los precios del petróleo y por la recaudación récord de impuestos, los nuevos alcaldes de los 221 municipios de Ecuador tendrán USD 2.229 millones de asignaciones del Presupuesto del Estado.
Los tres municipios que tendrán mayores transferencias en 2023 son los más grandes en términos poblacionales: Quito, con USD 343 millones. Guayaquil, con USD 308 millones. y Cuenca, con USD 59 millones. Según el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, varias autoridades salientes pidieron al Ministerio que adelante recursos antes de dejar sus cargos. Pero el ministro aclaró que se harán los desembolsos conforme al cronograma usual y previsto.
En el mismo caso las prefecturas contarán con un presupuesto de USD 898,4 millones, esto es, USD 47 millones más que el presupuesto que manejaron en 2022 los prefectos salientes. De las 23 prefecturas, las que más recursos tendrán en 2023 son: Guayas, Pichincha y Manabí.
Las nuevas autoridades tienen el desafío de mejorar la calidad de sus gestion y ejecución de sus presupuestos, sobre todo para la inversión. Ya que en el 2022 los gobiernos locales utilizaron menos del 55% de su presupuesto para obra pública y las prefecturas solo tuvieron la más baja ejecución de inversión en 2022, pues solo gastaron un aproximado del 45% de los recursos previstos. En estas administraciones unos de los problemas es el gasto corriente designado en sueldo y salarios a empleados, lo que trasciende el problema de la optimizacion de recursos en la obras pública.
Pese a la mayor asignación de recursos, los gobiernos locales todavía esperan pagos de una deuda histórica, que se acumuló desde 2015, por estas transferencias y por otras, como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según Arosemena, cuando el Gobierno de Guillermo Lasso asumió el poder, la deuda con los GAD era USD 172 millones. De esa cifra, ya se ha pagado USD 107 millones, añadió. En julio de 2023 está previsto que esa deuda quede en cero.
