La serie de errores que han sido detectados desde que se presentó la solicitud, el 16 de marzo pasado, ha levantado las sospechas de bloques como el de Pachakutik que relacionan la fuga de María de los Ángeles Duarte y la posible libertad de Pablo Romero, figuras del correísmo, con un pacto para que el pedido de juicio se caiga en la Corte Constitucional (que debe emitir un dictamen de admisibilidad), justamente por la cantidad de equivocaciones.
La legisladora oficialista Ana Belén Cordero lo descartó y aseguró que el Gobierno no se atrevería a pactar con “analfabetos constitucionales” y que esta serie de errores son producto del apuro de por defenestrar al primer mandatario.
Los cuatro asambleístas que buscan ser los interpelantes del presidente Guillermo Lasso en un eventual juicio político tienen tres días para completar la información que sustente el proceso de fiscalización. Tal como estaba previsto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reconsideró la votación del lunes 20 de marzo de 2023 con la que se admitió a trámite la solicitud de enjuiciamiento.
“Al verificarse y establecerse que la misma no reúne todos los requisitos de Ley, específicamente el requisito de estar debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta y Vicepresidente de la República”, señala la moción aprobada.
Pero tal como están las cosas, el pedido de juicio político con las modificaciones volverá al CAL el fin de semana lo que hace prever que se remita la solicitud a los jueces constitucionales la próxima semana.
