La fiscal general, Diana Salazar, tiene tres frentes abiertos por las denuncias en su contra. La funcionaria es señalada por presuntas irregularidades de derechos de autor en su trabajo de titulación como abogada. La organización Acción Jurídica Popular ha pedido la intervención del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y de la Universidad Central del Ecuador. La misma agrupación solicita suspensión y destitución del cargo en la Fiscalía general del estado.
Paul Ocaña, abogado de Salazar, asegura que esa sanción no procede porque ni la Judicatura ni el CPCCS tienen la facultad para destituir a una Fiscal General. Este procedimiento es privativo de la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, añadió. En el caso de la Universidad Central -que anunció la conformación de una Comisión para que revise la tesis de Salazar- Ocaña asegura que tampoco es procedente porque sería violatorio de derechos.
Paulina Araujo, abogada penalista, precisa que con estas denuncias se están mezclando dos campos: el penal y el administrativo. Los delitos de violación derechos de autor, por los que se está denunciando a Salazar, están considerados en el COIP. Pero, el caso de Salazar, este camino tampoco es aplicable porque la Fiscal se graduó de abogada en 2005 y, en ese tiempo, ese tipo penal no existía. Además de que, por el paso del tiempo, la acción ya prescribió. Araujo añade que los sentenciados podrían pensar en solicitar la nulidad de los casos, si es que se llegaran a demostrar las irregularidades en la titulación de Salazar. Pero aclara que, en ese caso, deberían demostrar que esa situación afectó el proceso y lo vició.
El abogado Carlos Alvear, que formó parte de los equipos que defendieron al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, dijo que los hechos consumados tienen una validez procesal, que va más allá de las personas que participaron en los procesos. Sin embargo, Alvear considera que estos cuestionamientos si podrían servir como argumentos en instancias internacionales, en los que los sentenciados como Correa y Glas han denunciado persecución política a través de acciones judiciales.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, desestimó las acusaciones que le imputa el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), por un presunto plagio de su tesis de grado, y lo atribuyó a un «intento desesperado» de sectores que buscan tomarse la Fiscalía para generar impunidad.
«Son puras falacias, así que no hay de que preocuparse», afirmó la Fiscal en una entrevista en Ecuavisa, el martes 30 de mayo de 2023, donde contó que el proceso para obtener su titulo profesional fue evaluado por un tribunal probo que estaba integrado por, ejemplo, por el entonces fiscal general del Estado, Washington Pesantes.
