En Latinoamérica la justicia ha sido propósito de botín político, (Spoils system), otra manera de como describir el clientelismo político que se ha profundizado en los sistemas de justicia, dónde ha podido corromper un sistema que desde la génesis de sus leyes penaliza como tráfico de influencias. Siendo el poder el propósito principal para que organizaciones, individuos y autoridades no me importa de una herramienta que pueda llegar a generar sometimiento mediante posturas de poder.
El poder debe ser como herramienta esencial en un régimen debe sostenerse de legitimidad en el principio de la democracia como una herramienta y el factor común que es la justicia, basándose en los principios de derecho y libertad que determina las leyes en un estado democrático. Como parte del mecanismo de justicia, el proceso de judicialización se entiende como un mecanismo de acción de un Estado que goza de autonomía política y que tiene como referencia la constitución dentro de todo proceso judicial, en la medida que se desarrolle un proceso de intervención para cumplir las leyes del poder. Entendiéndose de otra manera que la judicialización es un proceso donde se sigue minuciosamente los pasos correspondientes para hacer justicia de todos los casos y hechos que puedan llegar a ser de interés público que afecte a un Estado y a la sociedad en general.
Dentro del proceso de judicialización, habrá ciertas etapas que pueden ser interpretadas como acto de intromisión, sin embargo, es parte del proceso de indagación, generación de pruebas de descargo, acusación, medidas cautelares de libertad, juicio, apelación, ejecución de la pena, entre otros. Etapas que desde la esfera política son interpretadas y utilizadas a conveniencia, como parte de una prórroga que es utilizada como estrategia de evasión ante un sistema de justicia. Es decir, que puede generar tiempo para retardar por vía judicial un asunto que podría conducirse o interpretarse como un tema político, pero analizando desde el principio de la justicia, es improcedente en toda argumentación legal, tomando en cuenta que el proceso de judicialización se lo quiere asumir a un interés político.
En los últimos años, muchos de los casos que han salido a la luz en la opinión pública, ya sea por filtración de documentos, denuncia pública, o investigación que ha descubierto temas de corrupción, tráfico de influencias, narcopolítica y un sin número de delitos que involucra a un sistema judicial, servicio público y autoridades en servicio activo. Genera un principio de judicialización que comienza desde las tomas de decisiones como la principal etapa procesal que implique procesos en los cuales, determinen medidas cautelares, detenciones temporales, intervenciones judiciales, qué sean tomadas desde un juez en su oficio y función judicial independiente para que dictamine una orden y rumbo en el proceso de una investigación.
Lo complejo entender ante la opinión pública, es que exista esta estrategia para evadir un proceso de judicialización, argumentando persecución política, en referencia que la persecución y represión política, son argumentaciones que van desde una discriminación hacia una tendencia política, que en ciertos casos genera intolerancia ante las manifestaciones de ideas o de publicaciones que por lo general tienen consignas marcadas a favor y en defensa de sus ideologías, los cierto que genera confusión cuando se trata de argumentar dentro del proceso de judicialización, justifiquen que exista una persecución política, lo cual se debe entender a simples rasgos como un discurso de evasión ante un proceso de justicia.
Para no generar confusión, la persecución dentro de la política se puede generar como un conjunto de acciones represivas, maltrato direccionado y exclusivamente al individuo que está involucrado, privando sus derechos políticos, de participación en todos los acontecimientos que puede ser objeto de intervención, tomando en cuenta que es una acción actual y permanente ante la vulneración de los derechos fundamentales de inclusión, y el gozo de libertad de expresión, los casos se puede generar hostigamiento social, desde el escrutinio de la opinión pública con la finalidad de causar antagonismo en todo el proceder político, las críticas, los cuestionamientos sociales, las denuncias públicas, la publicación de memes y los contenidos “super-editados”, son parte de una persecución que sale desde lo social, otra de las formas de interpretar a este fenómeno como una especie de linchamiento mediático que en la actualidad las redes sociales son plataformas para generar este fenómeno como un efecto multiplicador.
Ante las múltiples situaciones que se vienen generando dentro del mundo de la corrupción, una de las estrategias de evasión de todo individuo que está en un proceso de judicialización, es utilizar el estado de persecución política, como una muletilla en su discurso, para sostener la legitimidad de su defensa ante los procesos que se le imputan, tomando en cuenta que dentro del derecho procesal es un señalamiento provisional y precario, por temas de investigación e intervención judicial que se levanta sospecha a un individuo con relación a un caso, entendiéndose también que dentro de los procesos judiciales suelen generarse intereses políticos en terceras personas como parte de la intención de generar influencias y conveniencias aprovechando la situación.
Es importante entender que no se puede vincular las interpretaciones de un proceso de judicialización con la persecución política, por dos sencillas razones en las cuales hay que diferenciar el proceso de la justicia y la supuesta vinculación desde la política.
Primero: los procesos de judicialización se requiere de varias instancias donde son puntos clave son las pruebas y evidencias para involucrar a personas o instituciones dentro de una investigación o indagación previa, dicho de otra manera como un llamado de atención a que se inicia un proceso en la cual se requiere información y colaboración para determinar la culpabilidad o inocencia del involucrado.
Segundo: la persecución política, en su efecto deberá ser con acciones que sean basadas en la actual prohibición y bloqueo de sus derechos civiles y políticos, así como en el ejercicio de su legítima defensa y el derecho a la libertad de expresión ante los medios de comunicación, siendo parte del bloqueo judicial y mediático que desde un gobierno pueda ejercer el poder. Sin embargo la realidad de muchos prófugos de la justicia están utilizando ante los medios de comunicación la llamada persecución política para justificar sus vinculaciones en delitos, muestra de querer generar una confusión social ante dos cosas totalmente distintas en el ejercicio de la aplicación y la vulneración de sus derechos.
