La confianza en el trámite del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso se ha puesto en tela de duda. El Primer Mandatario y el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, pidieron a la Corte Constitucional (CC) que dé seguimiento a su dictamen. El pasado 14 de abril, el presidente Guillermo Lasso emitió un comunicado argumentando que hay asambleístas que «han mostrado comportamientos desafiantes respecto del dictamen de la Corte Constitucional». Señala también que hay interés de incluir en el enjuiciamiento temas relacionados a la confianza en el gobierno, el endeudamiento externo y «otros temas que se apartan del objeto del juicio».
Para los abogados constitucionalistas Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez, la CC podría activar la fase de seguimiento del dictamen, en la que verifique que lo que dispuso se esté cumpliendo. Si determina que eso no ha ocurrido, porque, por ejemplo, decidan incluir una responsabilidad de Lasso por el delito de concusión, debería ordenar que se tomen los correctivos, aunque eso no influya necesariamente en la decisión final de la Asamblea, pero que sí podría representar la destitución del funcionario si se evidencia el incumplimiento manifiesto.
Ambos especialistas coinciden en que el seguimiento que haga la Corte puede ocurrir en cualquier momento durante el proceso de juicio político, la norma no establece plazos específicos. Incluso podría ser luego de que la Asamblea ya haya tomado una decisión. La CC resolvió aceptar el pedido del juicio político de manera parcial, únicamente por la causal de supuesto peculado en un contrato de Flopec con la empresa Amazonas Tanker Pool. El argumento de ese organismo es que en la Asamblea se logró singularizar el artículo 129, tipificado en la Constitución, así como los hechos que concluyen una posible responsabilidad política de peculado.
