El Observatorio del Crimen Organizado, de la PADF, menciona que la tendencia del 2023, superó la cifra de muertes violentas en el Ecuador superó con más de 7 mil muertes colocándolo al país entre los tres países más violentos de América. Según datos de la Policía Nacional, en el primer semestre de 2023 hubo homicidios en 138 de los 221 cantones del país. En la mayoría hay más casos.
Las cifras espeluznan. Las muertes violentas en Ecuador no dejan de crecer. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, un aproximado de 7.610 personas fueron asesinadas en el país hasta la elaboración de esta nota. En un período de 290 días, en el país se han registrado 21 muertes violentas cada 24 horas. Una persona fue asesinada cada 70 minutos y 44,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El promedio diario de muertes violentas registrado en Ecuador, cerrará en el 2023 con una tasa de sumamente alarmante, ya que en 2022, las cifras oficiales de homicidios intencionales en Ecuador llegaron 4.603 constituyeron el registro histórico más alto por este delito desde que se realizan mediciones cuantitativas. Esto significó un promedio diario de 10.4 casos y una tasa de 25.9 homicidios por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, para el primer semestre de 2023, se registran 3.599 homicidios intencionales, equivalente a un promedio diario de 19.72 casos, cifra que casi duplica el registro diario del año pasado.
Geográficamente, tres zonas administrativas del país se reparten la mayoría de homicidios intencionales del país. Estas son la Zona 8 (35,6% —Guayaquil y Durán—), la zona 5 (24,3% —Quevedo, Milagro, Babahoyo, Naranjal—Machala) y la Zona 4 (13,4% —Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Pedernales). Juntas, estas zonas representan el 73,3% de los homicidios intencionados en el país. El Observatorio hace una diferencia: Guayaquil. En el Puerto Principal, la ciudad más poblada del país, ocurre el 33,5% a escala nacional, lo cual es una «distorsión estadística» en comparación al resto de ciudades del país, dice el informe del Observatorio: es «un caso aparte de estudio, en el cual la priorización a nivel de política criminal tendría un impacto significativo en los índices de criminalidad de todo el país». Solo en la Zona 8, el índice de criminalidad supera los 40 por cada 100 mil habitantes, que la ponen a la altura de las tres zonas más violentas de América.
