Para regular las medidas cautelares, la Corte Constitucional analizó cuatro procesos en los que los jueces beneficiaron a 23 condenados por delitos graves. Uno de ellos es la medida cautelar concedida en marzo de 2023 a Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, identificado por la policía como uno de los cabecillas de la banda de Los Lobos.
El juez de Flavio, Alfaro Byron Orejuela, aceptó el argumento de que su salud estaba en riesgo por su problema de obesidad y ordenó su libertad, ignorando las sentencias en firme que cumplía en la Cárcel de Latacunga por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico armas. El juez extendió el beneficio a Jairo Zambrano, otro integrante de Los Lobos sentenciado por narcotráfico.
Otro caso es el de Jorge Glas, en noviembre de 2022, mientras cumplía sus dos condenas ejecutoriadas en la Cárcel 4 de Quito, presentó una medida cautelar en otra jurisdicción. El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, aceptó su solicitud y ordenó su libertad, pese a que debía cumplir sus penas de 6 y 8 años de prisión por asociación ilícita y cohecho por las tramas de corrupción de Odebrecht y sobornos.
Ahora se conoce que Curipallo vendía sus sentencias, según los cargos que la Fiscalía presentó en su contra en el Caso Metástasis, lo señala de cobrar USD 200 mil por liberar a dos miembros de la red del narcotraficante Leandro Norero. Curipallo ya no es juez y está preso.
Otros de los casos analizados fue el de Gina Marisol Zambrano, jueza de Montecristi, la Corte Constitucional analizó las medidas cautelares concedidas por la jueza manabita, y un largo historial de liberaciones ilegales a sentenciados mediante dos irregularidades: extendía el beneficio a terceras personas y violaba la competencia por territorio, desde Manabí, ordenó liberar a reos que estaban en cárceles de otras provincias.
En la lista de presos que recibieron boleta de excarcelación de la jueza manabita, dentro del historial de liberación hay condenados por femicidio, sicariato, muertes violentas, delitos sexuales y tráfico de drogas. Zambrano ya fue destituida, es procesada por prevaricato y tiene orden de prisión, pero está prófuga de la justicia, según los registros migratorios, salió del país en octubre de 2023 hacia Estados Unidos.
